La gran helada que impactó el área central de Estados Unidos el mes pasado no solo dejó a 4 millones de hogares a oscuras en Texas. También quedaron sin luz durante días millones de personas del otro lado de la frontera en México, se interrumpió el suministro de agua, obligaron el cierre de escuelas y negocios, y quedaron sin servicio unas 800 fábricas que dependen del gas de esquisto de EU como fuente de energía.
Desde entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha convertido la crisis en un grito de guerra por una mayor independencia energética, utilizándola como arma para promover una agenda nacionalista que tiene implicaciones más allá de las importaciones de gas natural y amenaza inversiones de decenas de miles de millones de dólares en energías renovables de empresas energéticas estadounidenses, canadienses y europeas. Durante sus conferencias matutinas, López Obrador recurrió a la imagen de un artículo reciente del Wall Street Journal que mostraba cómo la desregulación del mercado de la energía en Texas les costaba a clientes de servicios públicos miles de millones de dólares. La imagen fue proyectada en una pantalla detrás de su podio de conferencias de prensa, en el Palacio Nacional.
El presidente, de 67 años, dijo a periodistas en una de las conferencias matutinas el mes pasado que cuando tuvieron el problema de la helada en Texas, quedó claro que la política energética vigente en ese estado y otros estados de EU no funciona bien. Agregó que pagaron 28 mil millones de dólares adicionales en Texas debido a la privatización de la industria eléctrica.
Las críticas hacia Texas alimentan la cruzada de AMLO para devolver el sector eléctrico al Estado, lo que sería un retroceso a décadas de monopolio que dejaron las viejas plantas de energía en mal estado y sin capacidad para satisfacer la creciente demanda de energía. Sus políticas lo acercan hacia una colisión con EU y otros países preocupados por activos de NextEra Energy, Sempra Energy, Canadian Solar, Iberdrola SA de España y Enel SpA de Italia. Al afirmar que los inversionistas del sector privado están saqueando las riquezas energéticas de México, todo lo que ha logrado es detener proyectos de generación de energía que realmente ayudarían a México a reducir las compras de gas desde el norte de la frontera.
El Gobierno tiene “esta fantasía de que pueden reducir su uso de gas natural”, dijo Rosanety Barrios, analista de energía y exfuncionaria de la Secretaría de Energía de la anterior Administración de Enrique Peña Nieto, que era favorable a los inversionistas.
El presidente sostiene que el Estado puede hacer que el país sea más independiente desde el punto de vista energético con la construcción de nuevas represas hidroeléctricas y plantas de energía. Sin embargo, es difícil comprender cómo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) podrían reducir la dependencia de México frente al gas de Texas, dejar de lado los proyectos solares y eólicos de propiedad internacional y hacer todo eso sin ayuda de empresas privadas y capital extranjero. La CFE lucha por mantener sus plantas existentes y Pemex no puede producir gas tan barato como el de Texas, por lo que se enfoca en el crudo.
Funcionarios de la oficina de AMLO, la CFE y Pemex no respondieron a solicitudes de comentarios.
Estimulado por la indignación pública sobre los apagones, que atribuye a las políticas favorables hacia EU de la Administración anterior, sus medidas graduales para darle al Estado más control sobre el mercado de la electricidad están ganando algo de tracción.
Este mes, el presidente logró aprobar un proyecto de ley que da prioridad a la CFE sobre las plantas solares y eólicas a la hora de vender electricidad en la red. Una decisión judicial de suspender la ley bajo el argumento de que perjudicaría a los consumidores solo le da más vuelo: se ha comprometido a enmendar la Constitución para poner reversa a las reformas que abrieron la industria energética del país al sector privado en 2013 y 2014. En la práctica, la economía de México continúa dependiendo cada vez más de EU. Las crecientes exportaciones al vecino del norte y el dinero enviado a casa por los expatriados mexicanos han sido un gran impulso para la economía durante la pandemia. Mientras tanto, las importaciones de gas de EU casi se han triplicado en cinco años a unos 184 millones de metros cúbicos por día.
En lugar de ayudar a México a diversificar su generación de electricidad, sus políticas han alejado en su mayoría a los promotores de energía solar y eólica que llegaron al país luego de las reformas de la Administración pasada y ya están produciendo más de una décima parte de la electricidad del país. Han invertido casi 30 mil millones de dólares en energías renovables y almacenamiento de energía durante la última década, y los posibles proyectos de generación de energía durante los próximos 30 años podrían generar aproximadamente 150 mil millones de dólares más, según BloombergNEF.
Pero AMLO está dejando todo eso en el limbo. Su Gobierno ha buscado favorecer a la eléctrica estatal en el mercado eléctrico incluso antes del polémico proyecto de ley de este mes.
Jaguar E&P, una startup mexicana que tiene la mitad de los campos de gas onshore operados de forma privada en el país, espera que al menos los exploradores locales puedan prosperar junto con las dos compañías estatales de energía y ayudar al país a reducir la dependencia de las importaciones.
“Lo que sucedió en febrero resalta el riesgo que hemos asociado no solo con depender del gas proveniente de EU, sino específicamente del gas proveniente de un estado”, dijo el director ejecutivo de Jaguar, Warren Levy. “Al combinar la gran dependencia de las importaciones, la falta de capacidad de almacenamiento, la falta de suministro interno, lo que se obtiene es que cuando hay escasez de gas, el riesgo es muy alto para la economía mexicana”.
Aunque el enfoque de AMLO no puede acercar de manera realista a México a la autosuficiencia energética, obtiene votos. Después de cuatro años de una presidencia de Trump que no fue muy amigable con su país, la conversación nacionalista de AMLO lo ha ayudado a mantener altos niveles de popularidad.
Además, dado que más del 60 por ciento de la generación de electricidad de México depende del gas que proviene del norte de la frontera, también es fácil entender por qué sus partidarios están dispuestos a pasar por alto las fallas en sus políticas en nombre de una mayor independencia. Tampoco ayudó que el gobernador de Texas, Greg Abbott prohibiera la venta de electricidad y gas a clientes fuera del estado. La medida tendría implicaciones para México, como señaló Javier López Ramos, director ejecutivo de la unidad de comercialización de gas de Pemex, en una carta al regulador de energía de Texas ese mismo día.
Si bien los apagones impactaron menos en México que en Texas, el operador mexicano de la red, Cenace, anunció apagones continuos que duraron tres días, en los que hasta 4,7 millones de clientes se quedaron sin electricidad. Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas fueron los más afectados. Las empresas manufactureras y exportadoras perdieron cerca de 200 dólares por hora, según Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Pero él no culpa a EU. “Si el Gobierno hubiera anticipado el problema, no hubiéramos tenido tres días sin electricidad”, dijo por teléfono desde Tijuana.
Con información de https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/amlo-utiliza-helada-de-texas-para-impulsar-agenda-nacionalista.
Funcionarios están obligados a acatar la suspensión de la ley eléctrica: juez
La Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), así como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), están obligados a cumplir con las suspensiones definitivas concedidas a empresas contra la entrada en vigor de la llamada reforma eléctrica, aunque no fueran señaladas como responsables de promover la enmienda, indicó el juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica.
El juez Juan Pablo Gómez Fierro indicó que, según el artículo 262, fracción III, de la ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al servidor federal que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado.
Al conceder tres suspensiones definitivas más, esta vez a los corporativos Eólicas Tres Marías, Cogeneración de Energía Limpia y Proyectos Hidroeléctricos, con lo que suman 76 las suspensiones contra la reforma que impulsó el presidente López Obrador, refirió que “no es factible afirmar que, al permitir que se siga aplicando una normatividad que impulsa la competencia en el sector eléctrico y el uso de energías limpias, se está atentando contra el interés general del país”.
Recordó que a la Secretaría de Energía ya formalizó la suspensión temporal de las reformas a la ley eléctrica y reiteró a las autoridades vinculadas con el cumplimiento de la suspensión que la medida cautelar seguirá vigente hasta que se resuelva el juicio de amparo.
Por ello, expresó que se restablece provisionalmente la vigencia de los artículos 3º, 4º, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126, así como el régimen transitorio que estaba previsto en la legislación en cita hasta antes de la entrada en vigor del decreto.
Con información de https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/26/politica/funcionarios-que-no-acaten-la-suspension-de-la-ley-electrica-podrian-ir-a-prision-juez/.
