A prácticamente un año de iniciada la actual gestión estatal, Marco Moreno Mexía, secretario de Hacienda de Baja California, se encuentra ordenando una casa que encontró bastante desarreglada.
Con notable experiencia en materia de finanzas públicas, el responsable del erario está echando mano de un arsenal de avanzadas herramientas para sacar a Baja California del hoyo financiero.
“Un déficit financiero es cuando los egresos son superiores a los ingresos y esa diferencia tiene que ser financiada de alguna manera”, explica.
“Aquí se juntaron dos administraciones con esa mala práctica de generar déficits cada año”.
Lo peor del caso, afirma, es que esa mala práctica tomó como variable de ajuste la inversión estatal. “Por esa razón durante la última década prácticamente no se ha invertido en infraestructura con recursos estatales y eso ha tenido como consecuencia lógica un demérito en la competitividad y en el crecimiento económico de Baja California”.
“El estado incurría en déficits financieros de entre 3 y 4 mil millones de pesos anuales, y ahora lo que estamos logrando es detener los déficits e iniciar una ruta de generación de superávits que se destinen directamente a inversiones que detonen la productividad del estado” Marco Moreno Mexía, secretario de Hacienda de Baja California
Ese desorden financiero redundó también en el incumplimiento de compromisos y la generación de deuda.
“Cuando no tienes recursos para atender tus compromisos, empiezas a financiarte de manera formal e informal, y en ese sentido recibimos una gran cantidad de pasivos con el magisterio, con la burocracia, con los ayuntamientos… inclusive recursos de participaciones federales que le corresponden a los ayuntamientos y que no fueron entregados a los mismos, además de deudas con Issstecali, con contratistas, y una larga lista de pasivos de todo tipo”, expone.
Lo primero que se tenía que hacer en la actual gestión era normalizar la situación de liquidez para que el estado pudiera operar las actividades sustantivas. “Por eso hicimos un plan financiero para todo el ejercicio de la administración de la gobernadora Ávila Olmeda, en el cual hemos definido una serie de estrategias y ejes, basados en un estricto control de las finanzas del estado y en la transparencia de la información pública”.
El primer objetivo es eliminar la generación de déficits cada año, logrando un balance en equilibrio, para poder así impulsar la inversión en infraestructura.
¿Qué tanto se puede hacer realmente en materia de finanzas públicas ante el gran número de limitaciones?
Cuando hay una entidad público-privada en una situación financiera compleja hay dos grandes alternativas para salir adelante, una es a través del control del gasto, que aquí en el estado tenemos muy poco margen de maniobra porque la mayor parte del presupuesto estatal está comprometido, al menos el 75 por ciento es gasto irreductible, son compromisos sobre los cuales no se pueden tomar decisiones, es gasto no controlable, comprometido, gasto del magisterio, de la burocracia, por ejemplo. Y la otra es hacer crecer los ingresos y de esa manera lograr avanzar.
Entonces, en ese sentido la ruta más conveniente para el estado es la generación de ingresos fiscales adicionales y eso viene a través del crecimiento económico.
Nosotros estamos yéndonos por esa ruta, tratando de articular una estrategia que nos permita incrementar de manera sustantiva la inversión en infraestructura, que tiene un efecto directo en la generación de ingresos fiscales futuros.
¿Cuáles son los niveles actuales de inversión pública estatal en infraestructura?
La inversión en infraestructura con recursos estatales en los últimos ocho años antes de este gobierno fue del orden de los mil millones de pesos anuales. Nosotros invertimos en el primer año de esta administración más de 4 mil millones de pesos e invertiremos una cantidad similar este 2023.
Para ello tuvimos que fortalecer las finanzas del estado con una serie de estrategias. Hicimos por ejemplo un ajuste al impuesto sobre nóminas, con una sobretasa destinada a dos propósitos: mayor gasto en seguridad, que es una de las prioridades del estado que tenemos que atender, y la otra el crecimiento de la inversión en infraestructura.
Con esta sobretasa se proyectan 2 mil millones de pesos adicionales en el primer ejercicio, los cuales se van a potenciar en términos de inversión con otra serie de recursos complementarios del gobierno federal y recursos de capital privado para lograr una masa importante que permita por ejemplo atender temas relacionados con el saneamiento de la frontera y las descargas residuales. El rezago de inversión en el sector hídrico es brutal, como también lo es el rezago en términos de urbanización.
Vamos a potenciar la inversión en infraestructura de tal manera que, en los siguientes años, al no tener ya generación de déficits, vamos a poder ya estar destinando los superávits financieros a más inversión y encontrar una ruta de salida que nos permita resolver las circunstancias del estado en el menor tiempo posible.
En resumen, la estrategia se fundamenta en tener disciplina financiera para no permitir que se generen déficits, en otras palabras, el gasto tiene que estar topado al tamaño del ingreso disponible.
También tenemos una estrategia de recuperación importante de ingresos fiscales; estamos aumentando la recuperación de impuestos sin incremento en las tasas tributarias en alrededor de 2 mil millones de pesos y en este 2023 vamos a crecer este plan de recaudación en 500 millones de pesos adicionales.
El propósito es tener un mecanismo de control presupuestal sobre el gasto más efectivo, el cual está generando ya resultados positivos en las finanzas públicas, porque además de los recursos adicionales ya mencionados, también estamos reduciendo mil millones de pesos al gasto, en esa parte del presupuesto donde sí podemos injerir.
¿Cuáles son los principales retos financieros de la actual administración?
Uno de ellos es el sistema de pensiones. Estamos analizando las alternativas de una posible reforma, que tiene sus complicaciones, pero estamos analizando todas las posibilidades.
En términos de deuda, estamos haciendo un ejercicio muy prudente de la misma. En 2022 logramos fijar la tasa TIE de interés para los siguientes años en 7 por ciento a través de un swap, que es un mecanismo de derivados financieros. Si comparamos esta tasa de referencia con la tasa de mercado, que anda ahora por niveles superiores al 10 por ciento, tenemos un ahorro sustantivo en el servicio de la deuda.
Estos ahorros se convierten en recursos que también están destinados al crecimiento económico a través de la inversión en infraestructura.
La circunstancia presupuestal federal es difícil, pero nosotros estamos partiendo de un planteamiento en el sentido de que la solución a las finanzas públicas del estado tiene que salir de aquí, a través de una reforma fiscal local, y eliminar la dependencia que tenemos de recursos del gobierno federal.
Esta dependencia de los recursos federales se mide por el nivel de autonomía financiera estatal. En los años recientes anduvimos en niveles del 10-11 por ciento de autonomía financiera y ahora estamos ya en niveles del 16 por ciento, con una tendencia de crecimiento hacia niveles del 20 por ciento para este 2023. Esto nos va a permitir tener mayor independencia financiera para poder lograr los objetivos del plan de gobierno de la Gobernadora.
Esta es en términos generales la radiografía financiera que tenemos en este momento y lo que estamos planteando para los siguientes años.
Hemos integrado a la sociedad civil a la discusión de los temas financieros. Para ello formamos un consejo consultivo financiero que está formado por empresarios muy importantes del estado. De Mexicali tenemos a Mario García Franco, de Papel San Francisco y a Juan Ignacio Guajardo, de PIMSA. En Tijuana tenemos a José Fimbres, de Calimax y a Jorge Kuri, que es uno de los desarrolladores más importantes de manufactura. Tenemos de Ensenada a Luis Cetto, de L.A. Cetto, y de Tecate, a Federico Cota, de Val-Vita.
¿Cuál es el objetivo de fondo de este consejo?
Tener un intercambio de ideas con el sector empresarial, conocer de viva voz sus planteamientos y la orientación que debemos darle a las inversiones para tratar de ser más competitivos. Tener además sus puntos de vista en relación con nuestro plan financiero y el desempeño que tenemos en cuanto a su ejecución, con la experiencia del sector productivo.
¿A cuánto asciende el presupuesto anual del estado?
El presupuesto anual es del orden de los 72 mil millones de pesos. Y para poner en contexto el desempeño histórico en términos financieros, el estado incurría en déficits financieros recurrentes de entre 3 y 4 mil millones de pesos anuales. Y ahora lo que estamos logrando es detener la generación de déficits e iniciar una ruta de generación de superávits que se destinen directamente a inversiones que detonen la productividad del estado.
En el primer año de esta administración, la prioridad ha sido poner orden en la casa, es decir, dejar de gastar más del ingreso disponible y sentar un precedente para que no se vuelva a incurrir en esa mala práctica financiera.
¿Cuál es la meta de superávit anual al cierre del sexenio?
Entendiendo que el propósito de las finanzas públicas no es acumular superávits sino potenciar los niveles de inversión, estamos hablando de sostener niveles de inversión en infraestructura con recursos estatales del orden de los 4 mil millones de pesos anuales.
¿O sea, más o menos lo que se estaba generando, pero al revés?
Exactamente. Y canalizar esos recursos a inversión en infraestructura.
Otra parte que me parece interesante es la contención de factores de riesgo que recibimos a propósito de proyectos de inversión mal estructurados, que representaban serios peligros para el estado, como por ejemplo el proyecto de la planta fotovoltaica, el cual se firmó en la administración anterior, con compromisos financieros fuera de toda lógica. Hemos logrado detenerla a través de mecanismos legales y estamos en proceso de poder recuperar una parte pendiente que un agente financiero recibió de recursos de este proyecto mal estructurado que no estamos dispuestos a permitir.
En términos generales recibimos unos 10 proyectos mal estructurados con riesgos para las finanzas públicas, lo que evidentemente se puede prestar a pensar que hubo un espacio de corrupción en la decisión que se tomó en su momento al empujar ese tipo de proyectos que no tienen factibilidad y tienen en su contratación condiciones totalmente favorables para las empresas involucradas.
¿Cómo podemos resumir las principales acciones de la Secretaría de Hacienda estatal en su primer año de gestión?
Primero, el control financiero, o sea detener la generación de déficits; y segundo, normalizar el servicio de la deuda a través de la contratación del swap de tasa de interés que nos está permitiendo importantes ahorros. El beneficio cuantitativo de la estrategia del derivado que montamos representa una cantidad del orden de 650 millones de pesos para el Gobierno del Estado, por el periodo de contratación del swap, que es de dos años. En la medida que las tasas suban, ese beneficio se incrementa.
Por otro lado, logramos poner orden en el manejo presupuestal del estado buscando que los ahorros se destinen al crecimiento de la inversión en infraestructura donde también hay un beneficio ya palpable en el primer ejercicio a través de incrementar los niveles de inversión del orden promedio anual de mil millones a 4 mil millones de pesos, y en términos generales me parece que estamos sentando las bases a través de un plan financiero multianual para poder darle seguimiento adecuado a este desempeño financiero incorporando en términos de participación al sector productivo en las decisiones de los grandes proyectos de inversión que tenemos que impulsar en el estado.
¿Cuál es su filosofía de trabajo?
Desde que la Gobernadora me invitó a tomar esta posición debo reconocer que me dio carta abierta para formar un equipo de trabajo de primer nivel, con gran experiencia en el sector financiero. Hemos logrado incorporar a elementos con experiencia en el sector público y privado, con estándares de desempeño de excelencia, lo que nos está permitiendo lógicamente avanzar en cuanto a los objetivos y retos que tenemos como Secretaría de Hacienda. La premisa fundamental de la Secretaría es trabajar con honestidad, con cuidado y con una metodología técnica, con una visión de trabajo que por ser un área totalmente de perfil técnico logramos aislarnos de propósitos políticos, y le damos seguimiento a las intenciones políticas contenidas en el plan de gobierno de la Gobernadora, pero con decisiones que buscan la eficiencia en términos financieros.
¿Se asemeja entonces a una empresa privada muy bien ordenada, bien organizada, con metas y objetivos claros?
Sí, es un esquema de trabajo absolutamente técnico, de eficiencia financiera en el manejo de los recursos, de análisis, de benchmarking en todas las decisiones, de investigación financiera que nos permita conocer qué se está haciendo en otras partes del país y del mundo. Un ejemplo de ello es que estamos buscando la emisión de un bono sustentable que nos permita reducir el costo de espera social en las decisiones de inversión de proyectos del sector hídrico, fundamentalmente. Este bono sustentable tiene dos componentes, un bono verde, que es para inversiones amigables al medio ambiente, con condiciones muy favorables para el estado, que pudiera ser del orden de 3 mil millones de pesos. Y un bono enfocado a actividades productivas de género, a proyectos de inversión conducidos por el sector femenil, que ha estado de alguna manera aislado de diversas oportunidades. Y tenemos confianza de que en los siguientes meses estaremos haciendo la colocación del bono, que es un mecanismo de financiamiento no tradicional que representa grandes ventajas, porque en el mundo ha cambiado ya la perspectiva, fomentando las decisiones de alojar inversiones en fondos que tienen una orientación también social.
¿Como visualiza a Baja California en 5 años?
Lo visualizo como un estado distinto, que ofrece grandes oportunidades de inversión. Lo visualizo como un estado preparado y con sentido de competitividad internacional para participar en grandes proyectos económicos.
Un ejemplo de este tipo de proyectos es el de Punta Colonet, que representa una alternativa competitiva a la saturación que tiene el puerto de Long Beach.
La localización geográfica del estado es vital para grandes inversiones globales, que con este nuevo concepto de nearshoring buscarán colocarse en un espacio más cercano a sus mercados.
Al ser Baja California un estado vecino de California, que por sí misma es una de las principales economías del mundo, evidentemente nuestro estado está destinado al crecimiento y al éxito económico. Nosotros hemos hecho algunas estimaciones y Baja California tiene un potencial de crecimiento sostenible del orden del 5-6 por ciento anual, cuando ahorita estamos entre el 2.5 y 3 por ciento, apenas encima de la media nacional.
La expectativa que tenemos, reitero, es que podemos crecer al doble de lo que hemos logrado en la última década.
¿Qué mensaje da a los empresarios de Baja California?
Que en principio nosotros, una parte del gabinete, venimos precisamente del sector empresarial, que conocemos las estructuras de decisión del sector empresarial y la importancia de tener gente honesta y capacitada para tomar decisiones.
Tratándose del sector empresarial, hemos platicado nosotros con ellos y hemos tomado decisiones difíciles. Recientemente tomamos una decisión en cuanto a un planteamiento para incrementar las tarifas del agua y de incrementar el impuesto a la nómina, que como mencionamos, tiene los propósitos específicos de elevar las inversiones en seguridad e infraestructura.
Son decisiones difíciles, pero las tenemos que tomar porque tienen que ver con la obligación y el mandato de lograr los objetivos del plan de gobierno.
Lo más responsable en este sentido es hacer lo que se tenga que hacer independientemente del costo político que pueda representar.
Mi mensaje a los empresarios es que tengan confianza en que estaremos cuidando los recursos del estado y propiciando condiciones de mayor competitividad y crecimiento económico para Baja California.
- Marco Antonio Moreno Mexía
- Secretario de Hacienda
- Es Contador Público por la Universidad Autónoma de Baja California con Maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y candidato a la Maestría en Economía.
- Cuenta con 25 años de experiencia como director de Administración y Finanzas en empresas públicas y privadas en México y en Estados Unidos, y 10 años de consultor financiero independiente.
- Ha sido docente de Posgrado en la Escuela de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California.
- En el sector público, se desempeñó como Tesorero Municipal en el XXI Ayuntamiento de Mexicali.
