Al dar seguimiento al caso de los 80 jornaleros agrícolas que laboraban en Camargo y Villa Ahumada, se encontraron faltas a la Ley Federal del Trabajo, por lo cual la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por los delitos de explotación laboral y trabajo forzado.
Ana Luisa Herrera Laso, titular de la STPS, indicó que en el proceso de verificación de las condiciones de trabajo de los jornaleros, que incluyó investigaciones, entrevistas y visitas al sitio en donde laboran, se detectó incumplimiento de las disposiciones legales, sancionables en la vía de procedimiento administrativo, con la aplicación de multas por un importe que va de 250 a 2 mil 500 veces el salario mínimo general.
Explicó que los patrones inspeccionados, no aportaron elementos para desvirtuar los hechos denunciados, concretamente el pago de salario de 150 pesos por semana, lo cual constituye un delito en los términos del Artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo.
Detalló que el salario mínimo es de 80.04 pesos diarios, es decir, 560.28 pesos a la semana, por lo que cualquier remuneración inferior a esa cifra, constituye un delito.
Herrera Laso, señaló que se cuenta con la información precisa de personas que se encontraban en un albergue de Camargo y se trasladaron a trabajar a Villa Ahumada, posteriormente algunos regresaron a su lugar de origen y otros se trasladaron a Camargo, al tener otras oportunidades de trabajo.
Precisó que a los jornaleros, se les realizaron descuentos injustificados, por lo cual les entregaron cantidades ínfimas, que no sirven para mantener una familia, y ni siquiera a un solo individuo.
La secretaria destacó que se hará uso de toda la fuerza de las instituciones, para castigar a los responsables, y a la vez, inhibir que en el futuro se presenten situaciones como ésta.
El asesor jurídico de la Secretaría del Trabajo, Ramón Alberto Gutiérrez, afirmó que se encuentra en proceso la integración de un expediente muy completo con pruebas suficientes, y enfatizó que se llegará hasta las últimas consecuencias en este caso.
Especificó que derivado de la inspección, se determinó que existen hechos constitutivos de delito, por lo que se presentó la denuncia en los términos dispuestos en el Artículo 62 del Reglamento General de Inspección en el Trabajo y Aplicación de Sanciones.
José Domínguez, jefe de la Inspectoría Local, informó que se brinda información a los trabajadores, para que conozcan sus derechos, a la vez que se dialoga con los productores, para que respeten las condiciones laborales y no contraten a menores de edad.
Añadió que de forma constante se llevan a cabo inspecciones a los centros de trabajo, en donde se revisa la legalidad de contratos, recibos, pagos, inscripción de los trabajadores al IMSS y la existencia de un contrato de trabajo.
Precisó que a la fecha, se han inspeccionado cerca de 150 ranchos agrícolas, además de que se investigan las denuncias específicas que se realizan ante la dependencia.
