La sostenibilidad empresarial avanza en México, aunque con ritmos distintos y áreas que continúan en evolución. Así lo explica Evodio Sánchez Rodríguez, director de Responsabilidad Social del CEMEFI, quien coordina la operación del Distintivo ESR, su evaluación y la vinculación con empresas y entidades promotoras.
Desde 2021, Sánchez ha liderado la actualización del modelo que clasifica el desempeño organizacional en cinco niveles, de compromiso a buena práctica, y que funge como referencia para miles de empresas en el país.
Los niveles uno y dos, compromiso y política, se enfocan en planeación y formalización; el nivel tres representa la etapa de implementación; el cuatro integra la medición de impacto; y el cinco, la incorporación de los indicadores al modelo de negocio. “Si una empresa se queda en las dos primeras etapas caería en lo que se conoce como en el greenwashing”, señala Evodio Sánchez, quien subraya la importancia de traducir la planeación en acciones medibles.
Con base en ese modelo, los datos recientes muestran dos tendencias relevantes. En grandes empresas, se observan avances consistentes en los ámbitos ambiental y de derechos laborales, ambos con un crecimiento del 7% en las últimas dos postulaciones. Aun así, suele existir una diferencia entre la autopercepción y el nivel real alcanzado:
“En promedio hay una variación del 23%. Las empresas estiman estar un punto arriba en promedio, cuando en realidad están un punto abajo”.
En las pymes, el progreso es gradual y continuo, con un incremento del 11% en los niveles de desarrollo, equivalente a cerca de 150 empresas que han transitado de políticas a implementación.
La perspectiva regional en el noroeste muestra dinámicas particulares. En Sonora, aunque la concentración de empresas grandes es mayor, los niveles de desarrollo avanzan con distintos ritmos. La minería, el segundo sector más representado, presenta resultados moderados.
“Menos de la mitad implementa acciones en eficiencia hídrica, energética o emisiones”, comenta Sánchez.
La adopción de políticas continúa creciendo, impulsada por clientes globales, y el reto está en que un mayor número de empresas traduzca esas políticas en prácticas de impacto.
Baja California presenta un escenario diferente: aunque solo ocho empresas grandes participaron, la mayoría se ubica en nivel tres en los principales indicadores ambientales.
“En eficiencia hídrica está en 3; prácticamente todas las empresas ya están implementando”, describe Evodio Sánchez.
También se observan avances en salud y riesgos operacionales. No obstante, el tamaño reducido de la muestra sugiere interpretar los datos como tendencias incipientes.
El componente social destaca en Sinaloa, donde 32 empresas grandes, de comercio, agricultura y manufactura, registran un promedio de 2.43 en participación comunitaria activa. En otras palabras, 43% implementa programas sociales.
“Lo más fuerte es la inversión social, con 2.59, casi 60% de las empresas, y el voluntariado corporativo”, detalla el director de Responsabilidad Social.
El desarrollo comunitario, que implica impulsar capacidades locales, alcanza 47%. Aspectos relevantes para la movilidad social, como habilidades digitales, tienen presencia mínima, a pesar de su impacto en empleabilidad y reducción de pobreza.
El panorama confirma un reto estructural: avanzar del cumplimiento formal hacia la implementación y, eventualmente, hacia prácticas que generen impacto verificable. Para Sánchez, la diversidad sectorial y regional obliga a diagnósticos diferenciados, pero el principio es común:
“Cada uno es un mundo, de lo que se hace y de lo que se puede hacer, dependiendo de su industria”.
El desafío para las empresas mexicanas será cerrar la brecha entre política y acción, y convertir la responsabilidad social en una palanca tangible de valor económico y social.
