Los impuestos verdes como instrumentos económicos son una importante herramienta para la articulación de políticas públicas encaminadas al desarrollo sustentable en Baja California.
José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México, señaló a medios de comunicación que la aplicación correcta de los impuestos ambientales tiene la posibilidad de estimular o desestimular actividades según su aplicación.
El director del CIGAMX citó algunos ejemplos, como el de la industria de la construcción, una de las que mayores recursos naturales consume.
Los impuestos verdes que se generan durante una obra podrían controlar la adquisición de los materiales, uso de materiales sustentables y la incorporación de tecnología que disminuya el impacto ambiental.
“Otro caso es la emisión de CO2 por el uso de combustibles, esta puede ser medida por kilómetro, si una persona utiliza transporte público o vehículo particular, en cualquier caso, la contribución de huella de carbono está presente. Un impuesto verde fomentaría la utilización de transporte público, desde luego bajo un estímulo gubernamental para un mejor servicio”
El agua en Baja California es un claro ejemplo de que los impuestos verdes son una estrategia para mejorar el medio ambiente si se aplica correctamente, de lo contrario pueden ocasionar conflicto económico, desmotivar a empresas o población en general a disminuir el interés por mejorar el medio ambiente.
Baja California fue uno de los estados pioneros en México en la aplicación de impuestos ambientales. En 2020 hubo un intento por disminuir la emisión de contaminantes por la venta de primera mano de gasolina y demás derivados del petróleo, por lo que el Pleno del Congreso aprobó el “Impuesto Ambiental por la Emisión de Gases a la Atmósfera”. Desafortunadamente hasta la fecha no se ha aplicado.
En México el concepto de protección al medio ambiente está constitucionalmente bien dirigido, por lo que valdría la pena que se tomara como una herramienta de la hacienda pública para alinear políticas públicas para la mejora del desarrollo sustentable.