En conferencia de prensa la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas A.C. (Adecem), en voz de su presidente Julio César Silvas Inzunza declararon su punto de vista entorno al código fiscal federal vigente actualmente en México.
Como previo se informó que en 2014 la reforma fiscal otorgó facultades al fisco para detectar a las empresas facturadoras de operaciones simuladas, conocidas como Efos, y también a sus clientes, siendo el detalle que en la aplicación de ley se añade nuevas responsabilidades al contribuyente. Esto dio como consecuencia un costo de 1 billón de pesos al fisco, por lo que hoy la autoridad decidió tomar nuevas dinámicas excesivamente estrictas al momento de hacer revisiones y pidiendo muchos requisitos difíciles de cumplir.
No estamos acostumbrados a documentar nuestras operaciones señaló Silvas Inzunza, operamos por usos y costumbres y da como resultado créditos fiscales, como resultado no se le comprueba a la autoridad lo señalado en la factura y se rechaza la deducción.
Adecem junto con un grupo de especialistas se ha dado la tarea de analizar la norma vigente del código fiscal con la idea de orientar a los empresarios, particularmente a los micro y pequeños, sobre la necesidad de la planeación fiscal. Que se basa principalmente en planear resultados y también planear operaciones, llevar a cabo todas las actividades para cumplir con todo lo previsto por la ley y su normativa.
Silvas Inzunza señaló que es responsabilidad de organismos empresariales analizar leyes y reglamentos, gestionar en su caso la opinión de los actores implicados y divulgar propuestas de modificación anual jurídico, normativo y administrativo, sobre todo cuando límite la actividad productiva de las empresas a mexicana.
Adecem de cara a esta reforma fiscal y al actuar de la actividad, pide respetuosamente que en la dinámica de la operación actual, el trato al contribuyente sea diferenciable, es decir, que a las personas físicas o morales que sean buenos contribuyentes se les conceda la oportunidad de demostrar antes de fincarle una responsabilidad o un crédito fiscal. Esto para los contribuyentes evitaría mayores derogaciones y gastos en juicios y por lo tanto la desaparición de empresas.
