A inicios de la década de los 90’s, la Organización de las Naciones Unidas inició con los trabajos que culminaron en la adopción del Convenio de Basilea, mismo que actualmente cuenta con la aceptación de 187 países, entre ellos México.
Recientemente, el 08 de agosto del 2022, fue Publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Promulgatorio de la Enmienda al Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, adoptada en Ginebra, Suiza, el 22 de septiembre de 1995.
Su principal objetivo es proteger la salud de las personas y el medio ambiente frente a los efectos nocivos resultantes de la generación, los movimientos transfronterizos y la gestión de desechos peligrosos y otros desechos, abarcando los residuos peligrosos conocidos como residuos CRETIB (Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables y Biológico Infecciosos), incluyendo electrónicos, buques obsoletos, líquidos inflamables y los metales pesados más tóxicos, estableciéndose el compromiso de los países miembros de reducir al mínimo posible desde la fuente, la generación de estos y su movimiento transfronterizo.
Sin embargo, “hoy en día, gracias al consumismo extremo que tenemos en casi todos los países, principalmente en los desarrollados, en lugar de revertir la generación de desechos tóxicos éstos se han incrementado, a la par de la demanda de productos por parte de la población mundial, que también ha ido en aumento”, señaló el Mtro. Manuel Omar Nava Guzmán, docente en la Escuela de Derecho de CETYS Universidad Campus Mexicali.
La Enmienda al Convenio de Basilea, añadió, entró en vigor el 05 de diciembre de 2019 en los países signatarios que la ratificaron con anterioridad, principalmente de la Comunidad Europea. Pero en México, su vigencia inició el 10 de agosto del 2022.
Además de reducir significativamente el riesgo de contingencias ambientales y sus consecuencias, “Se puede decir que con la entrada en vigor de esta enmienda, se obtiene un doble beneficio; el primero y más importante es que los países pobres o en desarrollo no recibirán más residuos peligrosos por parte de los países industrializados, por lo que no tendrán el riesgo de que se contaminen sus recursos naturales, ni se ponga en peligro la salud de la población por acción de estos residuos que les son ajenos.
En segundo lugar, se tiene que los países productores de residuos peligrosos deberán invertir sus propios recursos y esfuerzos en tratar los desechos en su propio territorio, por lo que es más probable que inviertan en tecnología para neutralizar sus efectos dañinos y que adopten medidas para el adecuado manejo de los contaminantes, inhibiendo con ello la producción de artículos que contengan este tipo de elementos o el uso de sustancias peligrosas, puesto que les será más caro el manejo, neutralización y disposición final del residuo, que el beneficio de utilizar este tipo de materiales”, consideró el especialista.
Mediante acuerdos como este, a nivel mundial cada vez más naciones están tomando medidas para la protección del medio ambiente y de los ecosistemas, pues la mayoría de los países que han suscrito este convenio lo han ratificado.
“Sin embargo, también vemos que existen países que no garantizan el derecho humano a un medio ambiente sano, como es el caso de Estados Unidos de América, que no es parte de este Convenio, lo cual en gran medida se debe a que es uno de los principales generadores de residuos peligrosos.
Por otro lado, con la ratificación tardía de México, no obstante de tener una muy buena legislación reguladora de este tipo de materiales, como lo son la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, aún es necesario que nuestro país retome el liderazgo que lo ha caracterizado en años anteriores, con las políticas de protección al ambiente y de respeto a los recursos naturales, así como la disminución de la utilización de materiales contaminantes”, concluyó el docente.
