Desde la llegada de la llamada Cuarta Transformación, el SAT ha incrementado su presencia y supervisión, primero sobre los grandes contribuyentes y, más recientemente, sobre los pequeños, con el objetivo de robustecer la captación de impuestos.
Para 2026, según publicó El CEO, se implementarán cambios fiscales significativos, que abarcan desde la regulación de los falsos comprobantes fiscales hasta nuevas facultades de la autoridad, todo con base en el Código Fiscal de la Federación (CFF).
“Todo esto busca ordenar la prisión preventiva oficiosa por cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos”, subrayó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Nuevas facultades
Uno de los ajustes más relevantes es que el SAT ya no entregará de manera simultánea el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la firma electrónica.
Antes, al recibir ambos documentos de inmediato, las empresas podían empezar a facturar incluso antes de que se verificara la existencia real de su domicilio fiscal.
Ahora, los contribuyentes deberán contar con comprobantes fiscales que respalden operaciones verdaderas o actos jurídicos reales; en caso contrario, dichos comprobantes se considerarán falsos.
Además, la autoridad podrá realizar visitas específicas para verificar la autenticidad de los comprobantes. Los contribuyentes tendrán un plazo de cinco días para presentar pruebas y evitar la inspección.
Estas visitas podrán efectuarse en el domicilio fiscal, en cualquier establecimiento o local de los contribuyentes, o donde se ejecuten las actividades amparadas por los CFDI emitidos.
En el desarrollo de estas revisiones, se podrán usar herramientas tecnológicas, incluyendo fotografía, audio y video.
Sanción penal
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá proceder penalmente contra cualquier actividad relacionada con comprobantes declarados falsos, tanto para emisores como para receptores.
Sin embargo, analistas consideran con escepticismo la medida de prisión preventiva oficiosa, pues su aplicación dependerá de casos concretos, sobre todo contra grandes emisores previamente identificados.
Luis Carlos Figueroa Moncada, vicepresidente fiscal del IMCP, señaló que todavía faltan las reglas del jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, para detallar cómo se aplicarán estas facultades y herramientas tecnológicas.
“Será necesario ver cómo se utilizan estas herramientas en la práctica, para que los contribuyentes tengan certeza sobre su operación conforme a la ley”, puntualizó.
Cambios en la Ley de Amparo
Otro ajuste controversial afecta la Ley de Amparo y la forma en que los contribuyentes pueden impugnar los créditos fiscales. Con las modificaciones, una vez determinado un crédito fiscal, los contribuyentes no podrán impugnar durante las etapas de cobro. La defensa solo será posible hasta que exista una resolución final.
Este cambio limita la capacidad de los contribuyentes para proteger sus recursos y podría derivar en congelamiento de cuentas bancarias, afectando la operación de las empresas y generando impactos en empleados y proveedores.
Revisión en tiempo real
El CFF también propone supervisión en tiempo real a las plataformas digitales que ofrecen servicios como streaming, clubes en línea, páginas de citas, enseñanza a distancia o rutinas de ejercicio.
El objetivo es gestionar de manera más eficiente la información de los contribuyentes que operan mediante estos nuevos modelos de economía digital, mejorar la eficiencia recaudatoria y garantizar mayor equidad en el pago de impuestos, según el dictamen.
